La importante misión a Buenos Aires y Sao Paulo de dos destacados exponentes del Partido Democrático y de la política italiana, Chiara Braga y Peppe Provenzano, confirma la coherencia y la seriedad con la que el PD siempre ha seguido y apoyado a nuestras grandes comunidades italianas en el extranjero.

El presidente del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y el responsable de Asuntos Exteriores de la secretaría del partido, reunidos con los círculos del PD de Argentina y Brasil, demostraron con palabras pero sobre todo con hechos cómo detrás de las batallas que libramos en el Parlamento junto con los demás representantes electos en el exterior hay un partido fuerte y profundamente convencido del compromiso de defender los derechos de los italianos en el mundo y de valorizar su papel fundamental para el futuro de Italia.

¿Qué otro partido puede decir lo mismo? Nadie. Los partidos de centroderecha nunca han tenido una red fuerte y extendida en el extranjero y sólo se movilizan en tiempos electorales, a menudo mintiendo y haciendo promesas que no cumplirán (como ocurrió con los mensajes de la presidente Meloni en defensa del 'ius sanguinis'); el único movimiento político presente en América del Sur - el MAIE - por el contrario, se limita a organizar eventos con nuestras comunidades y asociaciones pero luego desaparece en el Parlamento, guarda silencio y (¡peor aún!) apoya a un gobierno que ya ha demostrado ser enemigo de los italianos y de Italia en el mundo.

Estoy orgulloso de pertenecer a la gran comunidad del Partido Democrático, una organización política que se inspira en los valores de la lucha democrática contra el fascismo y que luego inspiraron nuestra carta constitucional; un partido que desde su nacimiento ha hecho suya la bandera de la emigración italiana en el mundo y que por ello siempre ha sido el más votado por los italianos en el exterior.

La dura lucha en la comisión y en los pasillos de la Cámara y del Senado contra la vergonzosa ley de ciudadanía impuesta al Parlamento por los partidos de centro derecha (Fratelli d'Italia, Lega,Forza Italia y MAIE-Noi moderati) es la demostración más clara de todo esto; Los diputados y senadores del PD presentaron cientos de enmiendas e intervinieron masiva y sistemáticamente para denunciar la inconstitucionalidad de la ley y la miopía de un gobierno que por primera vez en la historia dio la espalda a millones de compatriotas, negando el compromiso de figuras como Mirko Tremaglia, que tanto trabajaron para dar voz a estas comunidades.

Un ataque, el del gobierno Meloni-Salvini-Tajani, que comenzó con la ley presupuestaria del año pasado (la que recortó las pensiones, eliminó las prestaciones por desempleo y multiplicó los impuestos a la ciudadanía), continuó con la ley sobre la ciudadanía que eliminó efectivamente el derecho a transmitirla a los hijos y nietos de quienes viven en el extranjero, y que continúa en los últimos días con los proyectos de ley relacionados que están siendo discutidos en las comisiones competentes de la Cámara y el Senado. El relativo al tratamiento de los procedimientos de ciudadanía en Roma a partir de 2027, que hará aún más lento y difícil el acceso al reconocimiento de este derecho; el de la reorganización del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la eliminación de la Dirección para la promoción de la Cultura y la degradación de la Dirección para los italianos en el extranjero a Dirección "para los servicios"; y finalmente el que confirmará y estructurará los cambios del 'ius sanguinis' introduciendo otras restricciones a la ciudadanía por matrimonio.

Sobre todas estas medidas equivocadas y contraproducentes (para un país golpeado por una violenta recesión demográfica y en riesgo de despoblación) continuaré mi batalla en el Parlamento, también gracias al apoyo de un partido fuerte e influyente como el PD. Convencidos de que el Tribunal Constitucional pronto confirmará solemnemente también lo que denunciamos en las salas de la Cámara y del Senado, a saber, que la ley deseada por el Gobierno recurriendo injustificadamente al decreto de emergencia es inconstitucional en varios puntos y, por tanto, requiere una revisión urgente por parte del poder legislativo.